Esta petición se debe a la necesidad de dispensar los tratamientos con plenas garantías de seguridad, circunstancia que, en este momento, no puede ser garantizada, debido a que las intervenciones de estos colectivos sanitarios implican un contacto directo y sostenido en el tiempo con el paciente. Además, la gran mayoría de los procedimientos pueden ser aplazados por su carácter no urgente y el beneficio que producen es inferior al riesgo del desplazamiento y el contacto.

Por otro lado, los 105.000 profesionales incluidos en estos sectores no cuentan con el material de protección necesario, ni para los pacientes, ni para los profesionales, ni pueden adquirirlo, debido a la carencia general existente. Por último, los modelos de propagación del virus aconsejan la restricción del movimiento de las personas, por lo que la asistencia de la ciudadanía a estos centros, especialmente la de mayor edad y patologías previas, hace que estos espacios sean de alto riesgo.

Por todas estas circunstancias, los seis Consejos Colegiales de profesiones sanitarias consideran que deben garantizar únicamente la actividad en aquellas situaciones en las cuales la actuación urgente del profesional sea fundamental para la evolución del paciente. Derivada de esta consideración, los establecimientos de estas profesiones han decidido, de forma mayoritaria y por responsabilidad, el cierre de sus instalaciones para preservar la salud de sus pacientes y de los propios profesionales, atendiendo solo urgencias, previa valoración telefónica, que puedan ayudar a evitar el colapso del Sistema Sanitario.

Esta situación, unida a la Orden SND 232/2020 que indica que estos establecimientos pueden permanecer abiertos, provoca una indefensión manifiesta para acceder a las medidas determinadas por el Consejo de Ministros en el ámbito laboral.

Los Consejos Colegiales han puesto a disposición del Ministerio de Sanidad a todos sus profesionales e instalaciones para ayudar en lo que consideren necesario para hacer frente a la emergencia sanitaria.